Hoy lunes, 15 de diciembre, el presidente Sánchez hará su tradicional balance del año. Exhibirá logros, que no son pocos, y hará un resumen de su ejercicio de rendición de cuentas al que se bautizó como Cumpliendo, una iniciativa pionera que se inició en 2020 y que ojalá se consolide. Al acabar su discurso será obligado que los periodistas le pregunten por los casos de corrupción, por las denuncias de acoso machista en el interior del PSOE y por las exigencias de explicaciones y cambios que los socios del Gobierno piden al presidente.

Más allá de este balance, hay otro de carácter estratégico que Sánchez está obligado a hacer. Quizá ya lo haya hecho en la intimidad, aunque es posible que no quiera compartirlo. Se trata de determinar si aún es posible hacer políticas progresistas efectivas desde el actual Gobierno de coalición. No si merece la pena o no gobernar, como insistió este domingo en el mitin de Cáceres, sino si es posible hacerlo para impulsar políticas progresistas.

El contexto es conocido: Junts tensando la cuerda –aunque no llegue a romperla, al menos, hasta que Puigdemont vuelva a España amnistiado–, el PNV pidiendo elecciones si el PSOE no cierra la hemorragia de escándalos, ERC diciendo que la corrupción es sistémica y Sumar, consciente de que su cercanía al PSOE le puede pasar factura ante los casos de acoso y corrupción, pidiendo un cambio drástico en el Gobierno.

El papel de los socios y de los apoyos parlamentarios del Ejecutivo es complicado. Saben que pueden salir salpicados si no marcan distancias. Por eso se esfuerzan en mostrarse tajantes y exigen medidas contundentes que incluyen una remodelación del Consejo de Ministros, si bien los problemas están más en el Partido Socialista que en el Ejecutivo. Si su órdago no genera reacción en Moncloa, sólo les queda una opción: retirar el apoyo parlamentario unos, abandonar el Gobierno otros, y encomendarse a todos los dioses para que nadie presente una moción de censura que les obligue a retratarse. ¿Se atreverán a hacerlo, sabiendo que podría ser la puerta de entrada de Vox al Gobierno de España? Entre lo malo y lo peor.

La situación no es mejor en el interior del PSOE. Asediado por las presuntas tramas de corrupción que se van conociendo y por denuncias de acosos ocultados o no gestionados con la diligencia debida, el fuego amigo se multiplica. Quienes llevan tiempo esperando su momento empiezan a moverse, y los que ven que llegan curvas se posicionan para el día después. Todo se mezcla en un mejunje de presunta corrupción, acoso, amistades peligrosas y vendettas pendientes. ¿Cuándo caen los líderes? Cuando su partido les deja caer.

Así las cosas, el presidente Sánchez sigue afirmando su voluntad de agotar la legislatura para avanzar en el camino del progreso y cerrar el paso a un gobierno de la extrema derecha y la derecha extremada. La pregunta es obligada: en el caso de que los socios y los parlamentarios propios mantengan su apoyo, y el interior del partido no acabe por implosionar, ¿sigue siendo posible avanzar en políticas progresistas, o la situación va a exigir un ejercicio de contorsionismo como el que se exhibió en el proyecto de ley de multirreincidencia propuesto por Junts y que contará con el apoyo de PP, Vox y el PSOE?

Si la respuesta es positiva, Sánchez deberá esforzarse no sólo en cortar de cuajo, como secretario general que es del PSOE, los problemas de acoso y la negligente gestión de las denuncias y limpiar cualquier atisbo de corrupción de su entorno. Tendrá que hacer creíble, además, que pone todo su empeño en ello y demostrarlo con hechos concretos. Los cinco días de abril en los que el presidente reflexionó sobre su continuidad acabaron con el anuncio de un plan de regeneración del que nada más se supo; el escándalo provocado por el informe de la UCO donde se destapaban las presuntas tramas de corrupción alrededor de Ábalos, Koldo y Cerdán dio lugar a un nuevo anuncio de un plan de integridad del que tampoco se conocen apenas avances. Es difícil que los socios vuelvan a confiar por tercera vez si se les vuelve a pedir un acto de fe.

Si, por el contrario, la continuidad de las políticas progresistas no es posible, ya nada tendrá sentido, y cuanto antes termine el drama, antes podrán los socialistas, y el conjunto de la izquierda, iniciar la travesía por el desierto.

La próxima semana, si las encuestas no se equivocan mucho, el PSOE sufrirá una dura derrota donde en otro momento tuvo uno de sus feudos, nada menos que Extremadura, con un candidato imputado que provocó la dimisión de cinco compañeros para conseguir el aforamiento. Hasta el verano, al menos, tres convocatorias más –Aragón, Castilla y León y Andalucía–, con perspectivas poco halagüeñas para los progresistas. La suicida estrategia de situar a ministras como secretarias generales y candidatas en sus territorios ha puesto en bandeja que los populares se vayan cobrando piezas. A tenor de las previsiones, la primera, la de la portavoz y ministra de Educación Pilar Alegría; la segunda, nada menos que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda.

Lo peor que podrían hacer quienes dirigen La Moncloa, el PSOE y el país es negar la gravedad de la situación, esperar a que las vacaciones y el tiempo desinflen el soufflé y aguardar a que los acuerdos PP-Vox que se van a ir cerrando en las Comunidades Autónomas vuelvan a producir una movilización de la izquierda y una desmovilización de los conservadores más moderados, como ocurrió el 23J. Se olvidan de que el electorado progresista no perdona tan fácilmente, que estos casos pesan como losas en la memoria y la moral de su militancia, y que Vox, a tenor de todas las encuestas, ha dejado de dar miedo para pasar a normalizarse como una opción más. Podrán consolarse con que el PP, en el peor momento de la izquierda, no acaba de despegar, y es cierto. Pero soñar con que la subida de la ultraderecha humille a los populares no deja de ser incubar el huevo de la serpiente. Presidente, haga el balance.