Tengo una amiga que está haciendo un voluntariado en el CIS Victoria Kent, de Madrid. Dudo que a Victoria Kent le gustara que se utilice su nombre para llamar a una cárcel, aunque sea de cumplimiento en régimen de semilibertad. Mi amiga participa en grupos de tratamiento de personas que cumplen penas por delitos leves: hablan sobre el delito que cometieron, sobre el daño real (o potencial) a las víctimas y sobre la responsabilidad que tienen como integrantes de la sociedad. Un día me contó que estaba sorprendida de que todos los penados de su grupo –que han pasado temporadas de su vida en prisión– relatan lo mucho que les han pegado los funcionarios y policías encargados de su custodia. –“Son tantos los que lo cuentan que me suscita dudas, me cuesta creerlo… ¿Cómo va a ser el maltrato algo tan generalizado?”–, me dijo.

Yo sí me lo creo. Trabajé como abogada penalista durante diez años defendiendo a la gente más pobre y excluida. Fui abogada del turno de oficio, en un programa de metadona en el poblado de Las Barranquillas (Madrid) y en el Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria. Casi siempre, los detenidos me contaban que habían sufrido malos tratos por parte de la Policía, y muchos presos me relataron también las palizas y abusos padecidos dentro de prisión.

Recuerdo la primera vez que pedí un habeas corpus para un detenido del Turno de Oficio, al que la Policía había pegado con porras en un calabozo y regado luego con una manguera. Lo encontré empapado, tiritando de frío y miedo. Saqué a la jueza de guardia de la cama para que atendiera aquel caso flagrante de violación de derechos humanos, que exige la inmediata puesta en libertad de cualquier detenido según la Ley Orgánica de Habeas Corpus. Qué ingenua fui.

Se trataba de una jueza con fama de progresista entre las abogadas de mi entorno, y al principio se mostró interesada en el caso. Una vez en el juzgado, en vez de pedir al médico forense que reconociera al detenido para valorar si tenía lesiones por malos tratos policiales –como establece el Protocolo de Estambul–, ella misma, en su despacho, pidió a mi defendido que se levantara la camiseta para examinarle las huellas de los porrazos. La reacción de la jueza me dejó helada.

–”¿Y por tan poca cosa me has hecho venir? Menudo futuro te espera si te escandalizas por esto… ¡Eres una niñata!”–, me dijo. Y lo envió de vuelta al calabozo.

Aprendí una importante lección: los jueces y fiscales no solo no investigan los malos tratos, sino que hacen lo posible por no verlos.

Años después aprendí además que tampoco los condenan, por muchas pruebas que se presenten en los juicios. Sólo si hay vídeos que muestran la violencia de forma evidente, los jueces no tienen más remedio que condenar a los policías, aunque a veces, incluso con esas pruebas los absuelven. Los policías hacen a los jueces el “trabajo de la calle” que necesitan para sacar adelante su juzgado, y prefieren no tener problemas con ellos. La vida de un juez puede ser dura con la Policía en contra (como lo es la de las activistas, las sindicalistas o la de cualquier persona disidente del sistema que tan ferozmente tratan de preservar).

Denuncié los malos tratos a las personas detenidas y la falta de investigación por parte de jueces y fiscales en un especial sobre justicia del programa Salvados, que conducía Jordi Évole. Me cayeron dos querellas de la Policía y la Guardia Civil, por injurias y calumnias, que acabaron en un juicio celebrado cinco años después. La jueza me absolvió, no sin antes echarme una bronca por decir cosas “tan feas” de la Policía.

Ese es el problema fundamental de la tortura y el maltrato: que quienes la denuncian –por haberla sufrido en su piel o por querer combatirla– son los que acaban en el banquillo. Gracias a esa perversa dinámica funciona la omertá en torno a la tortura.

En Euskal Herria, la gente sí se cree las denuncias de tortura de miles de personas, y por eso están siendo capaces de llevar a cabo un proceso de verdad, justicia y reparación. El Instituto Vasco de Criminología, bajo la dirección del prestigioso antropólogo forense Francisco Etxeberria, ha publicado tres informes sobre la tortura en Euskadi y la Comunidad Foral de Navarra en los que se acreditan más de 6.000 casos sufridos por presas y presos, entre los años 1960 y 2014, que la justicia se ha negado sistemáticamente a investigar. Pero el profesor Etxeberria considera que la cifra real de personas torturadas en el País Vasco estaría por encima de las 20.000, porque la mayoría de las víctimas sienten un profundo rechazo a someterse a las pruebas de verificación y revivir de nuevo experiencias tan traumáticas.

Al sur de los territorios forales la cosa cambia por completo. La negación de la tortura y de los malos tratos es casi total. Por eso son imprescindibles iniciativas como las Jornadas contra la Tortura que se han celebrado a primeros de octubre en el Teatro del Barrio (Madrid). En ellas participaron miembros del Instituto Vasco de Criminología, víctimas de tortura, profesionales que trabajan peritando casos y luchadores incansables como Jorge del Cura, Premio Nacional de Derechos Humanos. Además de visibilizar y denunciar esta lacra de nuestra sociedad, las jornadas pretendían poner una piedra en la construcción de un movimiento ciudadano contra la tortura: un movimiento que exija al Estado iniciativas de reparación y medidas efectivas para erradicarla.

En un país como el nuestro, con un modelo de justicia de corte inquisitorial, centrado en la confesión del reo y el castigo al disidente, quizá no sea posible eliminar por completo la tortura y los malos tratos. Pero resulta urgente acabar con la impunidad de la que goza. No es admisible vivir en un Estado democrático y de derecho que no investiga, juzga ni condena la tortura.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a la justicia española, en más de diez ocasiones, por no investigar la tortura. Y, en 2018, en el caso Portu Juanenea y Sarasola Yarzabal, condenó a España por la comisión de torturas y tratos inhumanos y degradantes.

Gracias a las redes sociales hemos visto imágenes espeluznantes de las condiciones de detención en las cárceles de Israel y hemos escuchado los testimonios de decenas de palestinos que relatan las torturas y tratos denigrantes a los que han sido sometidos por el gobierno sionista y genocida de Israel. Y lo alucinante es que, a continuación, no pasa nada: no hay consecuencias, ni sanciones, ni bloqueos. Ni siquiera indignación. La última macroencuesta de Amnistía Internacional (2014) sobre actitudes de la población ante la tortura revela que un 36% de la población mundial la considera aceptable cuando se trata de obtener información de interés público. En España, un 81% de los encuestados no aceptaría la tortura en ningún supuesto, y un 17% cree que puede ser válida en algunos casos.

Necesitamos un movimiento ciudadano que se indigne con la tortura y que exija al Estado actos reales de reconocimiento y reparación. Pero, muy especialmente, debemos exigir el fin de la impunidad en la tortura y los malos tratos.

Si lo hemos hecho con las víctimas de abusos sexuales de la Iglesia, ¿cómo no hacerlo con quienes han sufrido las más horribles vejaciones a manos del Estado?

La tortura deja en los seres humanos una huella de humillación, dolor y daño psicológico de la que es casi imposible recuperarse plenamente. Estemos atentas a esta nueva iniciativa ciudadana que busca exigir el fin de la tortura y de su impunidad.

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Lorena Ruiz-Huerta García de Viedma es abogada y activista defensora de los derechos humanos.

Diego Armando Quijano Rojas estaba hace un año y un día repartiendo paquetes junto a su padre en la ciudad de Valencia. Él llevaba casi tres años en España –nació en Colombia hace 30– y sus padres, 94 días. Esta cifra sería importante, aunque él no lo supiese entonces. Hicieron la ruta por la ciudad y su padre, Nelson Quijano, que le acompañaba para hacerle el día más ameno, se separó de él para regresar a su casa de Albal, a 20 minutos en furgoneta. Diego le acompañaría más tarde, pero al rato recibió una videollamada de su padre, la última, en la que pedía auxilio. Pocos días después se despediría también de su madre, que fue castigada con diez años sin pisar España tras volar a Colombia para repatriar el cuerpo de su marido.

Diego nunca había contado su historia hasta este miércoles, cuando acudió al funeral de las 237 víctimas de la dana. Vio que otros que habían perdido a sus familiares se abrazaban sin conocerse e incluso a ratos sonreían, y poco a poco se animó a contar la suya. "Nosotros estamos solos", dice junto a su novia, Valentina García, y su mejor amigo, Carlos Serrano, también colombiano, sus acompañantes en el acto de memoria y su único apoyo en España. Los tres van a una y nunca se separan.

Al principio le cuesta hablar, pero revela que ese día se hizo viral, cuando alguien le grabó el 30 de octubre de 2024 sacando a su padre de una furgoneta blanca. Un número desconocido le envió el vídeo, que luego desapareció de internet. Su novia lo enseña en su teléfono –no quiere publicarlo ni que nadie más lo tenga, porque su pareja no puede volver a verlo– y en él aparece Diego, a lo lejos, bajo un puente, cogiendo el cuerpo y apoyándolo en el suelo. La furgoneta estaba encajada entre varios vehículos y le llevó media hora llegar hasta él, pese a que estaba apenas a unos metros. Este miércoles, antes del acto en la Ciudad de las Artes, la pareja volvió a ese punto de la V-30 a dejar un ramo de flores blancas. Su novia enseña la foto, pero él de nuevo aparta la vista.

La pérdida de su padre es un agujero en su pecho. "Mi vida ha cambiado. Somos inmigrantes, somos colombianos y mi historia es larga de contar", dice orgulloso. Lo primero que recuerda es la videollamada que tuvo esa tarde con Nelson. Se imaginaba que quería hablar de la cena, o darle ánimos con el resto de la ruta, pero fue para pedirle auxilio. "Me volteaba el celular y yo veía la magnitud del problema. Intenté llegar, pero no había paso en Paiporta y me regresé a Valencia. Traté de comunicarme con él esa noche, pero ya no podía", recuerda.

El dolor inimaginable de arrastrar a un padre fue solo el comienzo. Todo había colapsado a su alrededor y no había manera de sacarlo de allí, así que pasó seis horas junto a al cuerpo embarrado hasta que llegaron unos militares y se lo llevaron. El resto del día es un recuerdo borroso. Alguien llevó a la pareja a una casa, se dieron una ducha y se cambiaron de ropa para después volver andando hasta Albal.

Pero todo eso parece que no fue suficiente. Ese día le traería todavía más dolor. Su madre, una mujer ahora viuda que había perdido a su compañero de vida, movió cielo y tierra para llevar el cuerpo a Colombia, con ayuda de su hijo y su nuera. Pero había entrado en España hacía poco más de tres meses, y con las prisas no recordó que lo había hecho con un visado de turista, que caduca a los 90 días. "Se pasó solo por cuatro días", subraya Valentina. La dana ocurrió el día 94 de su llegada a España, y al pasar por el control del aeropuerto de Barajas, le denegaron el permiso de vuelta. Mucho más que eso. En realidad, no puede regresar en diez años. "Está sola y enferma en Colombia", añade Diego, siempre con las mínimas palabras posibles, sin dar detalles.

Perder a sus padres ha obligado a la pareja a mudarse a un apartamento minúsculo en Paterna, un municipio cercano, y llegan a fin de mes de milagro porque él es autónomo, pero lleva un año de baja por depresión y va al psicólogo y al psiquiatra, los dos a la vez. El sueño de Diego y Valentina es tener un piso decente a las afueras de Valencia, y por supuesto, tener a su lado al menos a su madre para acompañarse en el duelo.

"Yo pido que me ayuden con los papeles de mi madre y con un lugar donde podamos alquilar un piso, porque vivimos en un espacio muy pequeño", ruega él. Han intentado hablar con el Ayuntamiento de Albal y que la mínima compensación por la muerte a su padre –de la manera más dolorosa posible– sea que liberen el pasaporte de su madre, pero no pudieron ayudarle.

Tras soltar lo que lleva dentro, o al menos una pequeña parte, se aparta y comienza a hablar con una mujer que lleva una flor blanca en la mano, símbolo de las víctimas del 29-O. Más personas se unen a él y comienzan a charlar –él sonríe–, mientras su novia sigue dando más detalles del día que cambió sus vidas. Hasta que se da la vuelta y le ve a lo lejos.